El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (Coial) ha presentado alegaciones a los documentos “Propuesta de Plan Hidrológico”, “Proyecto del Plan de Gestión de riesgo de Inundación” y “Estudio Ambiental Estratégico” del proceso de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Según el escrito, “para distintos horizontes, que van desde 2015 a 2033, comprobamos que en todos los escenarios las demandas son superiores a los recursos propios y externos con los que cuenta la cuenca del Segura”.

Planificación a partir de estimaciones incompletas
Según explica el Coial, la planificación de los riegos se ha hecho a partir de estimaciones incompletas, por lo que el déficit en la cuenca será mayor que la que recoge el Plan Hidrológico.

A pesar de los aportes externos que ha venido teniendo la demarcación hasta el momento (el más importante el del Trasvase Tajo-Segura), “existe un claro déficit hídrico, por lo que los cambios producidos estos últimos años amenazan gravemente la supervivencia de una importante zona agrícola creada y amparada por leyes aprobadas por el Estado Español”, agrega el escrito.

Un déficit creciente
Otros datos que añade Coial es que de los 600 hm3 que permite la ley actual para el trasvase Tajo-Segura, el aprovechamiento medio ha sido de 350 hm3 y una previsible reducción de 160 hm3 adicionales “supondría el no poder trasvasar agua en varios años, y las consecuencias sobre el sector agrario serían desastrosas e irreversibles”.

En el informe Impacto económico del Travase Tajo-Segura preparado por Pricewaterhouse Coopers para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, de junio de 2013, se pone de manifiesto que el sector agrícola de la zona regable con aguas del Trasvase Tajo-Segura, junto con la industria agroalimentaria asociada, aporta 2.364 millones de euros al PIB y genera más de 100.000 empleos, además de garantizar el suministro de agua en zonas turísticas, contribuyendo a un sector que emplea 320.000 personas en las comunidades autónomas del Trasvase Tajo-Segura. En cifras, la aplicación de estos planes supondría la pérdida de 1,5 millones de toneladas de alimentos, 650 millones de euros y 43.000 empleos. Además, aumentaría el riesgo de desertización de la zona.