Cuando lean la entrevista que publicamos con Bruno Broseta, secretario autonómico del Sector Público Empresarial de la Generalitat Valenciana, a la vista de algunos de los datos que en ella aparecen (la Comunidad Valenciana está siendo de lejos la autonomía que mayores recortes de gasto está logrando con la reestructuración del llamado sector público empresarial), es posible que caigan en la tentación de pensar: “¡Claro, como que aquí era donde más barbaridades se habían hecho con el sector público!”. Pues bien, siento decirles que no es así. Y no porque lo diga ECONOMÍA 3 o la Generalitat. Lo dice el Ministerio de Hacienda.

Efectivamente, en enero de 2011 el peso relativo del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat Valenciana respecto a su Presupuesto era menor que en varias autonomías y menor que la media española. Concretamente, por número de entidades dependientes de la Generalitat era la sexta autonomía, por detrás de Baleares, Andalucía, Madrid, Cataluña o Galicia. Si medimos el tema en términos de euros, el gasto vinculado al sector público autonómico representaba en el Presupuesto consolidado de la Generalitat menos del 11,5%, cuando la media nacional era el 14%. Y si lo medimos en términos de plantilla contratada por las entidades adscritas al llamado sector público empresarial, en nuestro caso no llegaban al 7% del total del personal dependiente de la Generalitat, mientras que la media nacional rozaba el 10%.

Como uno de los últimos medios informativos impresos que quedamos de capital mayoritariamente valenciano, estos datos ni nos avergüenzan ni nos enorgullecen. Simplemente los constatamos. Lo que sí nos molesta profundamente es la imagen existente aún en buena parte del resto de España, según la cual esta ha sido una tierra de excesos y derroches en el sector público, muy por encima de la media española. La realidad, sencillamente, no es esa, por mucho que se empeñen algunos en lo contrario.

A la vista de tal realidad, la pregunta que cabe formular es sencilla: ¿si esta no es la autonomía donde más nos hemos pasado en materia de sector público, necesariamente tenemos que ser los líderes en la reestructuración? La respuesta también es muy sencilla: sí. ¿Por qué? Porque no podemos pagar el sector público autonómico que hemos creado a lo largo de todos estos años.

Esto nos plantea, nuevamente, un tema sobre el que ya hemos editorializado desde ECONOMÍA 3 en repetidas ocasiones: la imprescindible y urgente reforma del sistema de financiación autonómica, pues una vez más, también aquí, vemos que el principal problema de nuestras cuentas públicas no es de gasto, sino de ingreso.

Pero como nuestra posición en este punto es clara -lo primero que debe garantizar la financiación de los servicios públicos es la prestación de los mismos en régimen de equidad entre los ciudadanos de España-, no vamos a insistir aquí y ahora en eso. Preferimos utilizar el espacio disponible para expresar un deseo.

Cuando vuelva la normalidad a los mercados financieros y el conjunto de administraciones públicas de España puedan financiarse de forma similar, sea quien sea en ese momento el inquilino en el Palau de la Generalitat, ¡por favor, no volvamos a cometer el mismo error!

Quienes están protagonizando y sufriendo este durísimo proceso de reestructuración saben mejor que nadie el calvario por el que están pasando y las perspectivas que presenta su futuro. El mensaje de Bruno Broseta cuando insiste en la sostenibilidad de las entidades que quedan operativas no debe caer en el olvido. Y la clave, como él dice, está en la gestión. Pero los gestores -no lo olvidemos- responden ante quienes les han nombrado, aunque estos, a veces, olviden su obligación de responder ante quienes los elegimos. Y si los responsables políticos lo olvidan es porque nosotros, los electores, también olvidamos nuestra responsabilidad de hacerles cumplir sus compromisos o penalizarlos.