– Para aprobar el Presupuesto de la Generalitat de 2016, antes debe aprobarse el Programa Económico-Financiero de la Comunidad Valenciana, que quedó sobre la mesa en la última sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

– El nuestro y el del resto de comunidades autónomas del Estado, excepto Cataluña.

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– En el momento de realizar esta entrevista no hay convocada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cómo van a abordar el Presupuesto de 2016?

– Los programas económicos y financieros de las comunidades autónomas son bianuales y el que está ahora en discusión corresponde el periodo 2015-2016. Desde el Consell de la Generalitat queremos aprovechar las negociaciones y debates del Plan Económico y Financiero (PEF) de la Comunitat para situar sobre la mesa varias cuestiones relevantes, a partir de un doble principio: transparencia y claridad. Lo que queremos es limpiar de ficción, tanto los ingresos como los gastos que se habían planteado con la aquiescencia del Ministerio cuando se aprobaron en diciembre de 2014.

Estamos hablando de unos ingresos ficticios de más de 1.600 millones de euros y unos gastos ficticios (disminuidos) de unos 400 millones que sepamos hasta ahora en facturas de Sanidad, que no se habían presupuestado. Queremos clarificar todo esto y tener una visión clara de la realidad, porque con estos datos, el déficit real de la Comunitat nunca podrá ser el 0,7 % del PIB que exigió el Gobierno sin pactarlo con las comunidades autónomas. Con estas cifras reales, nuestro déficit este año puede estar en el 2,3 % del PIB; es decir, alrededor de 2.300 millones de euros. El tiempo del silencio de los corderos por parte de la Generalitat Valenciana, de pactar ficciones, se ha acabado. La situación financiera de la Generalitat es límite y estamos ante un auténtico escándalo democrático.

Y desde luego, somos los primeros interesados en cumplir el programa de consolidación presupuestaria cuando desde el Ministerio se nos dice que el objetivo de déficit para 2016 es el 0,3 % del PIB, pero no vía recortar más gastos, sino cambiando drásticamente el modelo de financiación autonómica, porque el actual es una auténtica tomadura de pelo para la Comunitat.

Despilfarro e infrafinanciación

– De ese déficit que estima en 2.300 millones este año, ¿qué parte podemos achacar al despilfarro y mala gestión de las anteriores Administraciones y qué parte a infrafinanciación?

– Según nos indican las estimaciones más fiables, un 10 %-15 % del déficit podemos imputarlo a despilfarro, corruptelas y, en suma, mala gestión, pero el 85 %-90 % restante se debe a la infrafinanciación que estamos sufriendo en la Comunitat desde 2002.

Desde un punto de vista moral o político soy muy duro con el despilfarro y la corrupción; mucho más en una comunidad autónoma que va escasa de dinero, porque cuando vas corto de dinero tienes que utilizarlo mejor. Cualquier corruptela, cualquier despilfarro en un contexto de falta de dinero –y es el caso valenciano–, es todavía más reprobable.

Pero, dicho esto, como conseller, ciudadano, elector y contribuyente en la Comunitat, me siento responsable de ese 15 %, porque los valencianos hemos venido votando libremente estos años a unas personas que han gobernado de esta manera. Por lo tanto, me hago cargo de esa parte del déficit debida al despilfarro, pero del otro 85-90 % restante en absoluto.

Es un sistema de financiación que hemos reprobado desde el primer momento y cuando alguien ha dicho que sí a lo largo de estos años, ha sido por coyunturas partidistas.

En 2002, que es cuando se establece el status quo actual, lo pactan Zaplana y Aznar. Y lo hacen con el objetivo de establecer una alternativa a la propuesta de Convergencia i Uniò.

Zaplana lo reivindica para él y para el Partido Popular, se cansó de repetir que el modelo pactado era bueno y definitivo, sin tener en cuenta que el modelo no funcionaba adecuadamente ni en el primer año de aplicación, porque se fijó como referencia la población en 1999, justo cuando en la Comunitat empezó a subir muy por encima de la media española, con lo que, desde el principio, vamos acumulando un desfase poblacional.

Había que revisar el modelo a los cinco años (2007), pero se hizo en 2009, con una ley de Rodríguez Zapatero que mejoró algo la situación, pero que fue un parche insuficiente. No queremos más parches, queremos replantear el modelo.

– Sea cual sea el resultado de las próximas elecciones generales, ¿cree que la reforma de la financiación autonómica se abordará en la próxima legislatura?

– Seguro; aunque gane el Partido Popular, porque la cosa no da más de sí.

El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es una solución-parche para pagar las facturas, pero no resuelve la base del problema, porque el endeudamiento sigue engordando, y aquí, con todo el acumulado histórico, ya estamos cerca de los 40.000 millones de euros; una locura que ya veremos cómo podemos abordar.

Las comunidades no queremos depender del FLA, lo que queremos es tener recursos suficientes para hacer frente a las competencias asumidas, que son las más sensibles socialmente: educación, sanidad y bienestar social. Dejando al margen la Seguridad Social, que tiene su propia cuenta pública, los tres pilares del Estado del Bienestar son competencia de las comunidades autónomas, pero parece que en Madrid no les interesan las cosas que pasan más allá de la M50. 

– ¿Cree que los ciudadanos de la Comunitat son conscientes de la realidad que describe?

– Creo que sí. Nunca en nuestra historia reciente se ha producido un consenso social tan grande como ahora con este tema.

En Madrid todavía no se han enterado y eso es grave para ellos. ¡Ya está bien de ser invisibles en España! El tema de la financiación puede unirnos a todos; incluso al Partido Popular. Se han creado las condiciones para que en este tema vayamos juntos, porque es una auténtica injusticia histórica.

El problema de la insuficiencia financiera en la Comunitat viene de lejos pero, a medida que el Estado ha ido incrementando la prestación de servicios, el agravio y la discriminación se ha ido agudizando y la cosa ya clama al cielo cuando entramos en situación de divergencia de renta per cápita.

Quiero decir que cuando estábamos en torno a la media de renta per cápita (hasta mediados de los 90), la situación era injusta pero soportable, pero cuando nos situamos por debajo de la media española en renta per cápita y además no podemos financiar los servicios públicos transferidos, la situación es insostenible.

En estos momentos, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tenemos 12 puntos de renta per cápita menos que la media española y, además, fiscalmente –según los datos de  elaboradas por el propio Ministerio–, somos contribuyentes netos del Estado. Contribuimos como si fuéramos ricos, pero la realidad es que somos pobres. No tiene sentido.

El “Levante feliz”

– ¿Puede que el problema sea que en el resto de España se sigue pensando en el Levante feliz?

– Sin duda, es exactamente eso. Por tanto, tenemos que quitar de la cabeza al resto de España la imagen del Levante feliz.

– ¿Y cómo se consigue eso?

– Este conseller ya ha empezado a hacerlo; en dos ocasiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el último, el señor Montoro tuvo que dedicar el 50 % del tiempo de su réplica a la Comunidad Valenciana. Se empieza así y se repite mil veces o las que haga falta, porque somos un 12 % más pobres que la media española. Habrá que decirlo mil veces, porque nadie lo cree, pero ahí están las cifras del INE. Hasta ahora, nuestros gobernantes no han dicho nada de esto, porque han hecho una política de apariencias, como los pobres de solemnidad que hacen la comunión de los hijos como si fueran los más ricos del vecindario, pero con este Consell esto se ha acabado.  

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