México, con 117 millones de personas y una estratégica localización como puerta de entrada al continente americano, disfruta de estabilidad macroeconómica, baja inflacción, un crecimiento anual medio del 3,5%, bajos costes productivos, emergente clase media y buenas infraestructuras –74 aeropuertos, 114 puertos, 27.000 kms de ferrocarril y 133.000 km de carreteras pavimentadas–.

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Cuenta con políticas públicas de atracción de inversiones, ocupa el puesto 48 como ambiente proclive para hacer negocios (Doing Business 2013) y posee libre comercio con la UE, EE.UU., Canadá y la mayor parte de países de América Latina.

Tal y como explica Pablo Romá Bohorques, abogado tributario y cónsul honorario de México en Valencia, el régimen jurídico es muy parecido al de España. La normativa prevé la constitución de sociedades que limitan la responsabilidad de los socios como las sociedades anónimas de capital variable. La legislación mexicana prevé también la creación de fideicomisos, similar al trust, una figura que, exceptuando la materia sucesoria, no se encuentra regulada en nuestro derecho.

Por lo que se refiere a la fiscalidad, al igual que en España, existe un impuesto que grava los beneficios. No obstante, al invertir desde aquí, habrá que prestar atención a la tributación que pueda derivarse, por ejemplo, como consecuencia de la transmisión o cesión a la filial mexicana de patentes, marcas, know how, de la distribución de dividendos, de la financiación otorgada por la matriz española, etc.

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