Reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia

08/12/2017

Socio Director de Carbonell Abogados  Entidad asociada a la Fundación de Estudios  Bursátiles y Financieros (FEBF)

2015-marzo-OPI-FEBFLa reforma operada en la Ley de Defensa de la Competencia (en adelante LDC), y en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo (en adelante RD 9/2017), de transposición de la Directiva 2014/104/UE, ha sentado las bases para la efectividad en la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios derivadas de la infracción del Derecho de Defensa de la Competencia por los operadores privados. Por ejemplo, en el caso de reclamación de los sobreprecios pagados como consecuencia de la acción de un cártel.

En este sentido, el RD 9/2017 ha supuesto la introducción de normas específicas destinadas a asegurar la efectividad en la reclamación privada por tales daños, que suponen excepciones al régimen general de la responsabilidad extracontractual en nuestro Derecho.

Algunas de estas principales novedades son las siguientes:
En primer lugar destaca la ampliación del plazo de prescripción de la acción para la reclamación de este tipo de daños, pasando del tradicional plazo de un año previsto en el art. 1968.2 del Código Civil (CC), al especial de cinco años previsto en el nuevo art. 74 LDC.

Es el mismo plazo de prescripción que el previsto para las obligaciones contractuales del art. 1964.2 CC, lo que sin duda alguna favorece y facilita a los operadores privados la reclamación por este tipo de daños; especialmente, habida cuenta del carácter no evidente de los mismos.

Favorecido de esta manera el ejercicio de la acción de reclamación, la siguiente novedad normativa a destacar tiene que ver con el presupuesto objetivo de la acción.

A saber, la existencia de una infracción del Derecho de la Competencia y, en este marco, resulta transcendental el nuevo art. 75.1 LDC, por el que se establece la vinculación de los órganos jurisdiccionales nacionales civiles, a la constatación de una infracción del Derecho de la Competencia hecha en una resolución firme –bien porque no ha sido impugnada, bien por la firmeza de la sentencia de revisión–, de una autoridad nacional de la competencia, lo que supone la introducción por vía legal, de una excepción al principio de independencia judicial del art. 12 LOPJ.

Sujetos responsables
Por lo que respecta al presupuesto subjetivo de la acción; es decir, la identificación de los sujetos responsables de la misma, el nuevo art. 73 LDC establece como regla general el carácter solidario de la responsabilidad de los infractores de las normas de competencia.

Sin embargo, dicha regla general contempla excepciones, tanto en el caso de las pymes, para las que el art. 73.2 LDC prevé un régimen de responsabilidad especial y más restringido, así como en el caso de los sujetos beneficiarios de la exención en el ámbito de los programas de clemencia, en los términos del art. 73.4 y 5 LDC.

Una vez ampliado el plazo para el ejercicio de la acción, y establecido un régimen especial respecto el presupuesto objetivo y subjetivo de la misma, la siguiente novedad se sitúa en el campo de la relación de causalidad entre la infracción del Derecho de la Competencia y el daño sufrido por el operador privado.

Así, los nuevos artículos 78, 79 y 80 LDC llevan a cabo el tratamiento en positivo, por vez primera en nuestro Derecho, de la “passing-on defence”, tanto en su acepción como “espada” –legitimación activa de compradores indirectos del infractor del Derecho de la Competencia para reclamar los daños sufridos–, y como “escudo”: defensa del infractor frente a la reclamación del comprador directo, basada en la repercusión por el mismo de los sobrecostes derivados de la infracción del Derecho de la Competencia a terceros.

Cuantificación del daño sufrido
Finalmente, por lo que respecta a la cuantificación del daño sufrido por el operador privado, el cual incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante y los intereses, el nuevo art. 76.2 LDC establece la facultad de los tribunales, al igual que ya reconoce la jurisprudencia en otros ámbitos -como el Derecho de la Competencia Desleal-, de estimar el importe de la indemnización de daños y perjuicios para los casos en que el demandante, acreditando que ha sufrido dichos daños, no pueda o le sea excesivamente difícil cuantificar los mismos.

Es especialmente relevante también la “iuris tantum” de causación de daños “in re ipsa” por los cárteles, establecida en el art. 76.3 LDC, presunción sobre cuya aplicación el Tribunal Supremo tuvo oportunidad de pronunciarse en el caso del “cártel del azúcar”, si bien no con demasiada claridad, y que adquiere ahora carta de naturaleza.
De todo lo expuesto en este breve comentario se concluye con claridad, cómo la normativa especial introducida por el RD 9/2017, facilita a los operadores privados la reclamación de los daños sufridos por la infracción del Derecho de la Competencia.

Esto supone un nuevo campo de acción para la tutela de los intereses económicos de las empresas, y la necesidad de una observancia estricta de la normativa de competencia por las mismas, con el objetivo de evitar responsabilidades futuras, tanto públicas -derivadas de las potenciales sanciones de las Autoridades de Competencia, como ahora también privadas, derivadas de las reclamaciones de daños.

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