Más clavos para nuestro sistema público de la Seguridad Social

10/08/2017

Abogado en Pedrós Abogados. Despacho socio de la Fundacion de Estudios Bursatiles y Financieros (FEBF) de Valencia

2015-marzo-OPI-FEBFHe visto el futuro […]. Las cosas van a deslizarse en todas
direcciones, no habrá nada que puedas volver a medir”.
Leonard Cohen. The Future

Cansados o no de advertencias acerca del futuro del sistema de pensiones público español, tal y como ya detalla el Eurofound (agencia del mercado laboral de la UE), a través de los resultados de una encuesta hechos públicos el 17 de noviembre de 2016, asoman nuevos actores a los ya clásicos protagonistas de dicha preocupación. Léase aquí, como clásicos, la demografía, y como nuevos, la tecnología y las mal llamadas nuevas economías.

En cuanto al problema demográfico, datos muy claros. El sistema público de pensiones (jubilación, incapacidad, orfandad, y viudedad), costó 120.000 millones de euros el pasado año 2016. En cambio, en 2015 la recaudación fue de 99.000 millones de euros.

¿Qué implica esto? Que la situación a corto plazo no es tan grave, porque si faltan 20.000 millones de euros para el pago de pensiones, los pido prestados, como recientemente ha sucedido.

El problema se plantea a medio plazo, dado que los gastos vienen aumentando un 3 % anual, mientras los ingresos no han mantenido esa subida que, de momento está siendo del 1 %. ¿Es esto sostenible? No, no es posible recurrir siempre al endeudamiento para sufragar el gasto de las pensiones.

A ello cabe añadir la previsión en cuanto a proyecciones de población a medio plazo en España. Y es que desde el año 2008, según el INE, la reducción en el número de nacimientos es del 20 %, frente a un 4 % de aumento de los fallecimientos. Y lo peor está previsto para 2049, dado que la población mayor de 60 años se duplicará respecto a la existente en la primera década de este siglo XXI.

¿Cuál será la consecuencia? No es posible con las previsiones expuestas que aguante un sistema de pensiones como el nuestro. ¿Y cuáles son las soluciones? Una variación de la situación poblacional y de la proyección presentada es imposible. Por tanto, solo queda reducir la carga social e incrementar los ingresos del Estado, reduciendo las pensiones, elevando las cotizaciones, eliminando bonificaciones, subvenciones, reducciones de cuotas, exenciones y cualquier otro beneficio que, al final, no sirve para generar empleo. Solo por estos conceptos ya estamos hablando de 3.700 millones de euros al año.

Nuevos actores en el problema
¿Y qué pasa con los nuevos actores? Respecto a la tecnología, el proyecto de informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho Civil sobre robótica del Parlamento Europeo, (2015/2103 (INL) Comisión de Asuntos Jurídicos), contiene en sus 24 páginas puntos que dan buena cuenta del estado actual del papel de la robótica sobre el empleo y, por tanto, sobre los sistemas de la Seguridad Social en los países afectados; entre ellos, España.

Un ejemplo de ello lo constituye el punto 2º del informe: “2º. Las ventas de robots aumentaron un 17 % de media cada año, […] y los principales motores de este crecimiento son los proveedores de componentes de automoción y la industria electrónica y eléctrica”.

Nos vamos a quedar, por ser un sector afectado y por tener datos al respecto, en el de la automoción en España. Esta industria mueve en España 60.000 millones de euros y emplea a casi 150.000 personas de manera directa, según los datos de fecha 2016 del propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Imagínense lo que ocasionaría la pérdida de la mitad de los 150.000 puestos de trabajo. Teniendo en cuenta el salario medio del sector, fijado en 43.000 euros anuales, podemos estar hablando de un coste a las arcas de la Seguridad Social de 900 millones de euros anuales. Solo en un sector afectado. Ahora imagínense esta situación afectando también a otros sectores. El sistema público de pensiones no aguanta.

Pero es que, además, España es uno de los 21 países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más se verán afectados por la revolución robótica, según el estudio “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries”. La automatización supondrá la pérdida de un 12 % de los empleos de España.

No obstante, también existen voces en sentido contrario, como la de Manu Hidalgo, quien afirma, tras analizar el informe sobre el futuro del empleo que ha publicado BBVA Research, que “el mayor uso de robots eleva la productividad y por ello los salarios. Esto provoca un aumento de la renta disponible y, por tanto, de la demanda, lo que termina por elevar el empleo en otros sectores”. Es decir, no habría destrucción de empleo, sino desplazamiento de unos sectores a otros.

Nueva economía, viejos problemas
¿Y qué hay de las nuevas economías? El Parlamento Europeo ha publicado un informe titulado “Combatir las desigualdades como palanca para fomentar la creación de empleo y el crecimiento”, a los efectos de reclamar a la Comisión Europea que presente una directiva de derechos mínimos para todos los trabajadores. Ello da buena muestra del impacto que estas están teniendo en los Estados y en los sistemas de prestaciones de los mismos, más allá de la llamada “uberizacion” del empleo. En realidad, bajo algunas de estas formas (por ejemplo, Deliveroo o Uber), nos encontramos ante problemas pasados, pero bajo la forma de nueva economía. Condiciones de trabajo precarias y, por tanto, menores cotizaciones sociales.

¿Qué impacto está teniendo esto en las arcas de la Seguridad Social? De momento es difícil cuantificar las cifras, dada la falta de datos reales. Pero, como casos paradigmáticos, los de Deliveroo en España y Uber en Reino Unido. En el caso de Uber, un tribunal de Londres ha condenado a la empresa a reconocer como relación laboral la de varios empleados y, en el caso de Deliveroo en España, tuvimos hace escasos días la huelga y reivindicaciones laborales de los mal llamados “riders”, para que se les reconociesen sus derechos laborales.

¿Es necesario cambiar la legislación para adaptarse a las nuevas economías? Sin duda. La trampa es que algunas de estas nuevas economías no son tales. Bajo dicha definición se esconden viejos problemas de ámbito laboral que, finalmente, añaden otro clavo al ataúd en el que se encuentran los sistemas de Seguridad Social.

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