El informe «Infraestructuras para el Desarrollo Socioeconómico de la Comunidad Valenciana», presentado ayer por la CEV, parte de la constatación de la menor inversión del Estado en la autonomía respecto a la media española en los últimos 15 años. De hecho, el último año en el que la inversión recibida fue la misma que la media nacional, fue en 2002. Esto supone un déficit en valores absolutos de 7.208 millones de euros, según el informe. 

Para conseguir las infraestructuras necesarias para un desarrollo socioeconómico equilibrado, el informe propone una inversión de 21.530 millones de euros en la próxima década, repartidos en siete grandes áreas de actuación que suman 317 infraestructuras físicas necesarias para que la Comunidad Valenciana alcance el nivel de bienestar socioeconómico que le corresponde por PIB y población.

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Del total de la inversión presupuestada en el informe, 17.983 millones corresponderían a financiación estatal y el resto debería ser aportada por la administración autonómica, si bien se contempla la colaboración público-privada en la ejecución de las infraestructuras y que alcanzarían los 7.450 millones de euros. En algunas áreas de actuación, la mayor parte de la inversión sería privada, como en el caso de energía, infraestructuras sociales o urbanismo.

El reparto de la inversión por áreas de actuación que propone el informe es el siguiente:

• 12.383 en transportes (plataformas logísticas, conexiones portuarias, renovación de vías, aparcamientos disuasorios, vías bus, carreteras, ferrocarril convencional)
• 3.683 millones en urbanismo (cercanías, carriles bus, aparcamientos disuasorios, soterramiento vías, actuaciones ferroviarias y portuarias; rehabilitación viviendas, edificios de uso público y renovación de zonas urbanas; ciudades inteligentes)
• 1.790 millones en agua (abastecimiento, tratamiento, distribución y regulación de los recursos hídricos)
• 1.451 millones en mantenimiento de las redes de carreteras, metro, cercanías; tratamiento y depuración de aguas.
• 1.308 millones en infraestructuras sociales (hospitales, residencias, centros de día, centros educativos, mejora universidades, centros de investigación, juzgados, cárceles, centros de acogida e inserción e infraestructuras tecnológicas)
• 537 millones en medio ambiente (regeneración de playas y espacios naturales)
• 459 millones en energía (eficiencia energética, energías renovables, conexiones energéticas)

En los primeros cinco años, la inversión oscilaría entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros, para ir descendiendo paulatinamente en la segunda mitad del periodo inversor contemplado, con menos de 900 millones los dos últimos ejercicios.