Asociado Senior Deloitte

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó, a principios del pasado mes de marzo, el avance de resultados de su barómetro de febrero 2017. Se trata de un informe que evalúa, entre otros aspectos, la percepción de cuáles son los principales problemas que existen actualmente en nuestro país. El citado estudio destaca como los principales problemas percibidos por los españoles el paro, la corrupción, la situación económica y la clase política.

Dicho informe viene publicándose desde el año 1985 y, desde entonces, tanto el paro, como la situación económica y la clase política han sido los problemas destacados en el mismo. Sorprendentemente, la corrupción no fue percibida por gran parte de la sociedad como un elemento relevante hasta finales de 2012, coincidiendo con el comienzo de la crisis económica y social que hemos sufrido en estos últimos años.

Esta sensibilidad creciente por los problemas generados por la corrupción, se ha venido traduciendo, no solo en un rechazo a determinadas figuras e instituciones, públicas y privadas, símbolo de estas prácticas, sino también en una mayor presión regulatoria para todos aquellos que participan en el mercado.

En un primer momento, cabe preguntarse si entendemos realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de corrupción y si estamos verdaderamente comprometidos con el rechazo a la misma. En este sentido, la Cámara de Comercio Internacional define la corrupción como el acto de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ventaja indebida para un funcionario público, un empleado o representante de una empresa, directa o indirectamente, con el objetivo de obtener una ventaja ilícita.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, la organización tiene la obligación de identificar cuáles son los riesgos de corrupción que le afectan y en qué medida. En este sentido, aquellos riesgos más comunes vinculados a la corrupción serán principalmente el uso ilegítimo de información privilegiada, el cohecho, el tráfico de influencias y la corrupción entre particulares.

La realidad es que este tipo de riesgos de corrupción han sido en el pasado tolerados en la sociedad y lo siguen siendo en algunos sectores todavía hoy en día. La percepción de este problema se focalizó, a nivel nacional, en las actuaciones vinculadas con el sector público y su importancia a nivel privado se ha tenido en cuenta únicamente en los últimos años. Actualmente, el riesgo en materia de corrupción está perseguido y es crítico para las organizaciones, alcanzando un impacto muy relevante desde el punto de vista no solo económico, sino también reputacional. 

El legislador nacional y europeo ha tomado conciencia en este último lustro de la relevancia de este problema y, como consecuencia de ello, las personas jurídicas y sus órganos de administración y dirección han visto cómo se definía con mayor claridad su ámbito de responsabilidad como consecuencia de sus actuaciones y como se multiplicaban sus obligaciones en esta materia.

Máximo exponente de este incremento de responsabilidad en el ámbito empresarial ha sido la reforma del Código Penal, operada a finales del año 2010, que introdujo, para determinados delitos vinculados con la corrupción pública y privada, la responsabilidad penal para las personas jurídicas, en aquellos actos cometidos por sus directivos o empleados en el ejercicio de actividades sociales y en beneficio de la organización. Posteriormente, la reforma penal del año 2015 amplió el catálogo de delitos y reforzó la importancia para las personas jurídicas de disponer de modelos de prevención de delitos.

En este momento, por lo tanto, las empresas se encuentran con un entorno de máxima sensibilidad social ante el problema de la corrupción, que se traduce en una ingente presión regulatoria, por lo que deben tener muy bien definidas las herramientas para luchar contra este problema, tan extendido en países y organizaciones.
Para ello, las organizaciones cuentan con un estándar internacional en materia anticorrupción (The International Organisation for Standardization 37001, en adelante ISO 37001), que les permitirá enfocar su estructura de prevención con la garantía de seguir un procedimiento de gestión de riesgos maduro y validado en la mayoría de los países de la OCDE.

A través de la ISO 37001, el empresario contará con información acerca de controles específicos en los que basarse para prevenir los riesgos en materia de corrupción. Este sistema requerirá a la organización elementos de control tales como: La adopción de una política anticorrupción; el compromiso y liderazgo inequívocos por parte de la dirección; el nombramiento de una persona u órgano para supervisar el cumplimiento de la política y los objetivos del modelo; la impartición de formación a todo el personal sobre los riesgos de corrupción que les aplican; la obligación de asumir la debida diligencia en proyectos y relaciones de negocio, en los que se exige a la organización que entienda las necesidades y expectativas de sus grupos de interés; la implementación de controles financieros y comerciales adecuados; y la presentación de informes y procedimientos de investigación.

El desarrollo de este modelo implica, como no puede ser de otra manera, el desembolso de recursos técnicos y humanos y una dedicación adecuada a la organización y su exposición a este tipo de riesgos.

La realidad es que, a pesar de nuestra valoración de la corrupción como problema de la sociedad, todavía no somos conscientes del daño que implica. En su introducción, la ISO 37001 señala que la corrupción contribuye a la reducción del crecimiento económico, limita la competitividad, pone en riesgo las relaciones de negocio, erosiona la justicia, debilita los derechos humanos, constituye/supone un obstáculo para la erradicación de la pobreza, y destruye la confianza en las instituciones.

Somos conscientes del daño que genera este tipo de actos para nosotros como sociedad y estamos cada vez más orientados a reprobarlos cuando se produzcan. Corresponde a cada uno considerar si este cambio de cultura que exigimos como sociedad, lo estamos aplicando en nuestro entorno, tanto profesional como personal. En definitiva: “si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”.