Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI)

– Según la legislación aprobada, ¿qué estructura interna tendrá la AVI?

– Además del presidente y vicepresidente, en el Consejo de Dirección habrá dos representantes de los empresarios y otros dos de los sindicatos. También estarán presentes las universidades, un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y otro de Redit. y habrá seis más de la Generalitat: Hacienda, Economía Sostenible, Sanidad, Educación, Agricultura e IVF.

El objetivo es que el consenso sea la norma de funcionamiento del órgano de decisión. Por ello, es fundamental que estén representados los principales integrantes del sistema de innovación, para que no haya una discontinuidad entre lo acordado por consenso y lo que ejecute la Agencia: cómo van a ser los programas, qué nos dicen los estudios de prospectiva, qué nos cuentan los evaluadores qué hay que modificar, qué programas funcionan y cuáles no, etc. El funcionamiento tiene que ser dinámico, consensuado, transversal y técnicamente independiente.

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– Cuándo alguien quiera interactuar con la Agencia, ¿dónde irá?

– La sede institucional estará en Alicante, que es donde se reunirán los órganos de dirección y se tomarán las decisiones, pero la AVI debe ser un organismo descentralizado y territorializado, como lo es el propio sistema de innovación. Por tanto, podrá tener sedes operativas allá donde residan acumulaciones significativas de agentes de innovación: universidades, institutos tecnológicos, centros del CSIC, entidades representativas de las empresas y sectores productivos, etc. El deseo del presidente de la Generalitat es que la Agencia esté presente por toda la Comunitat.

– ¿Cómo define la ley la figura del vicepresidente ejecutivo?

– La propuesta de candidato la presenta el presidente de la Generalitat a las Cortes Valencianas. La ley contempla que la persona responsable ejecutivo de la Agencia será elegida por cinco años, lo que implica un compromiso de duración en el cargo que conscientemente rompe los ciclos electorales, que son de cuatro años.

Y la elección exige el voto favorable de 2/3 de los miembros de la cámara legislativa lo que, en la práctica, obliga a forjar un consenso bastante amplio en torno a esta figura. ¿Por qué? Porque el fomento de la innovación no debe ni puede ser algo de la controversia política diaria. Esto, o es un proyecto de largo plazo, o no tiene sentido.

El cambio de modelo productivo es un reto estratégico, que exige un consenso muy amplio por parte de las fuerzas políticas. Sería lamentable que también aquí equivoquemos el foco y centremos el debate, no en qué hay que hacer y cómo hacerlo, sino en quién lo hace. El mundo empresarial, sindical, científico y universitario -casi 200 personas-, llevan meses trabajando con nosotros en el Consell Valencià de la Innovació, para sacar adelante este proyecto en los términos que se ha definido en la Ley de la Agencia Valenciana de la Innovación.

Si ahora este esfuerzo realizado se queda en nada por falta de visión a largo plazo de las fuerzas políticas, desde luego no es el mejor mensaje que podemos dar sobre las prioridades de las fuerzas políticas en materia de innovación.