Joan Roselló, de la Universitat de Illes Balears y Sindictura de Comptes CAIB; Ángel de la Fuente, de Fedea e IAE (CSIC); Antoni Zabalza, de la Universitat de València; y Francisco Pérez, de la Universitat de Valencia e Ivie han desmembrado y analizado el actual sistema de financiación autonómica y han lanzado propuestas para diseñar un nuevo sistema de asignación de recursos para las comunidades autónomas. Dicho análisis ha tenido lugar durante la jornada titulada «Propuestas para un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas» que han organizado de manera conjunta el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con el apoyo de AVE y  la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), y que ha contado con el respaldo del conseller de Hacienda, Vicent Soler.

Para el Ivie, la situación actual es insostenible porque cuestiona la viabilidad financiera del Estado del Bienestar y del Estado de las Autonomías. En opinión de Franciso Pérez la crisis del Estado de las Autonomías y la crisis del Estado de Bienestar constituyen «dos caras de la misma moneda», por tanto, aboga por una reforma a fondo, “clara y que simplifique el sistema”. Parte de un concepto integral que contabiliza el total de recursos de todas las Administraciones públicas, incluida la Central, para aplicar después idénticos criterios de suficiencia presupuestaria para las Administraciones públicas, priorizando la asignación financiera para los servicios públicos fundamentales (SPF).

“De este modo se asignarían recursos entre las CC.AA. siguiendo criterios de nivelación para la cobertura de las necesidades de los SPF”, ha concretado Pérez.

Si bien, Pérez es consciente de que la asignación de recursos para los SPF es una decisión política, en su opinión, esta debería basarse en una serie de factores entre ellos: el esfuerzo que realizan otros países en materias similares y en  la evolución del gasto a lo largo del tiempo. Respecto al primer punto, Pérez ha reconocido que el gasto español se sitúa en el 75% de la media de la euro área, y que está cuatro puntos por debajo de la media en aportación de porcentaje de PIB. En cuanto a la evolución, ha recalcado que en 11 años (2003-2014) se ha incrementado el gasto real por habitante solo un 11%.

Si el modelo de financiación que propone Ivie debe distribuir los recursos para prestar SPF en proporción a las necesidades, según las estimaciones del instituto, el montante de gasto en SPF  para el conjunto nacional (Administración Central, Seguridad Social, CC.AA. y Corporaciones Locales) ascendió  a 289.080 millones en 2014, por lo que aboga por asignar  «a una cesta de gasto bastante estable, los recursos que suponen las cuatro grandes fuentes de ingresos públicos (IRPF, IVA, impuestos especiales y Cotizaciones a la Seguridad) que en su conjunto sumaron 294.154 millones en 2014».

Excluidas las cotizaciones para el pago de pensiones, los SPF a financiar ascienden a 159.910 millones –de los que 107.400 millones son competencia de las CC.AA.–,mientras que los recursos por IRPF, IVA e impuestos especiales representan 164.984 millones.

Por tanto, el nuevo modelo presentado por el Ivie, basado en dotar a las CC.AA. de los recursos necesarios para prestar los servicios fundamentales que demanda su población, calcula una financiación neta superior a la del actual en 12.011 millones de euros. «Esta nivelación vertical permitiría racionalizar la asignación de los recursos, haciéndola más proporcional a las necesidades en SPF», recalca Francisco Pérez.

Joan Roselló, el primero en intervenir, ha comenzado analizando el modelo de financiación vigente desde 2009. En su opinión, «cualquier negociación sobre esta cuestión se ve condicionada por los intereses de los partidos y la situación económica y financiera en el momento de dicha negociación». Igualmente, ha desgranado una serie de falsedades que se dan sobre esta cuestión como que la negociación no existe, «hay traspaso de información unidireccional, sesgada e incompleta»; la negociación es transparente, es decir «se conoce la propuesta genérica, no los detalles técnicos ni su justificación»; la negociación es bilateral «para transmitir información no para negociar»; y los resultados del modelo podrían preverse tanto estática como dinámicamente.

Roselló ha hecho hincapié también que el Modelo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «es oscuro, poco transparente y los próximos gobiernos no se aclararán».

Además, ha declarado que «muchas comunidades autónomas aceptarían una modificación del modelo (cálculo de entregas a cuenta, participación real en tributación indirecta, etc.,) aunque quedasen en el aire mejoras desde el punto de vista de los principios mínimos a cumplir (esfuerzo horizontal, equidad horizontal-vertical…)». Roselló ha añadido también que «excepto Valencia, Murcia, Canarias, Andalucía y Cataluña (esta última por distintos motivos) el resto de CC.AA. no tienen definido el objetivo de la modificación (en términos de solidaridad, posición relativa y en valores absolutos, etc.)». Con lo cual, ha señalado Roselló, «es obvio que deben realizarse mejoras sustanciales en la estructura del modelo para cumplir los principios básicos de equidad vertical, esfuerzo fiscal, lealtad institucional, etc.».

Ángel de la Fuente ha comentado que quince economistas se reunieron para hablar sobre hacienda autonómica y definieron una serie de conclusiones en el «Encuentro de S’Agaró» en las que hubo amplio consenso. A su juicio, los principales problemas que presenta el actual modelo de financiación son: un sistema «excesivamente complicado y poco transparente para el ciudadano medio», conclusión en la que han coincidido todos los ponentes participantes; el modelo genera una distribución de la financiación por habitante que es desigual y arbitraria, además «es una especie de lotería ya que hay regiones mejor tratadas que otras». Del mismo modo, presenta un déficit de autonomía de ingreso y de responsabilidad fiscal por parte de las CC.AA que tiende a generar un exceso de gasto y no hay un mecanismo para que el reparto entre las CC.AA. y el Estado tenga lógica. Con lo cual, ha incidido De la Fuente, «hay que simplificar el sistema y dotarlo de un mecanismo razonable para reducir el nivel de desigualdad, hay que dotar a las CC.AA. de un mayor control sobre sus ingresos y exigirles a cambio una mayor responsabilidad sobre la financiación de sus decisiones de gasto».

Otra de las cuestiones que expuso Ángel de la Fuente sobre las conclusiones alcanzadas en el «Encuentro de S’Agaró» y en las que hubo acuerdo generalizado entre los asistentes fue que «la solución de los problemas de reparto que plantea el sistema actual ha de abordarse de una forma gradual». De hecho, coincidieron en señalar en la necesidad de eliminar las restricciones de status quo. «No le podemos pedir a una comunidad que renuncie a parte de su presupuesto pero sí se lo podemos pedir que lo haga de forma gradual y se puede negociar».

Otro punto reiterado por De la Fuente y en el que también hubo consenso general es que «no es necesario cuestionar el sistema foral». A su juicio, bastaría con mejorar el cálculo del cupo y la aportación aplicando la normativa existente, «pero hay que hacerlo de forma gradual ya que no debemos admitir que sea una diferencia permanente».

Del mismo modo, el grupo de expertos que protagonizó el «Encuentro de S’Agaró» también se mostró partidario, tal y como ha expuesto De la Fuente, en ir desmontando el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) «porque limita la economía de las comunidades autónomas pero hay que hacerlo con cuidado porque muchas CC.AA. no tendrían acceso al crédito en condiciones normales».

Los participantes en dicho encuentro, según ha comentado Ángel de la Fuente, también hablaron sobre quién debe debatir sobre el sistema de financiación autonómica. Muchos eran partidarios de que la negociación la llevaran a cabo los partidos ya que «es más difícil poner de acuerdo a 17 CC.AA». Sin embargo otros pensaban que era un desplante hacerlo sin que las CC.AA. sean protagonistas.

En cuanto a la Agencia Tributaria, Ángel de la Fuente dejó dos preguntas sobre la mesa: ¿Quién puede subir o bajar los impuestos? y ¿quién se queda con el dinero?

Antoni Zalbalza, de la Universitat de Valencia, ha presentado su propuesta de modelo de financiación que ha definido como «sencillo, explicable a la ciudadanía y que cumple el principio de equidad». Con respecto al status quo, ha matizado que «habría perdedores y ganadores» y lo ha definido como «un trago para las CC.AA. perdedoras para las que habría que hacerlo gradual». Para acabar con esta desigualdad  habría que habilitar una transferencia «para que ellas durante cuatro años puedan llegar al modelo de las ganadoras».

En esta misma línea, Zabalza ha resaltado también que «las CC.AA. deben disponer de los mismos recursos por unidad de necesidad». También ha abogado por armonizar «de forma más estricta el Impuesto de Donaciones y Sucesiones y el Impuesto de Patrimonio y establecer una tarifa mínima». Además, ha remarcado que «las CC.AA. no están utilizando la capacidad normativa que tienen sobre todo con el IRPF, que es un impuesto importante». Por ello, ha propuesto la necesidad de introducir mecanismos de incentivación fiscal. 

 Por su parte, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha afirmado que «los valencianos tenemos la responsabilidad de denunciar los fallos del sistema de financiación autonómico porque somos la comunidad más perjudicada y no podemos obviarlo. Está fallando un sistema que es de todos y por ello todos debemos implicarnos en su revisión». 

«Son los valencianos y valencianas los que cada día sufren las listas de espera, son nuestros hijos los que estudian en barracones y nuestros mayores los que tienen que esperar para conseguir una plaza en una residencia. Debido a la infrafinanciación histórica de la Comunitat Valenciana, la Administración tiene que hacer un esfuerzo adicional para mantener los niveles de calidad de los servicios públicos esenciales, restando de otras partidas como las infraestructuras o las ayudas al empresariado, que se están viendo afectadas, y esto no es justo, porque nos resta competitividad y merma nuestra capacidad de crecer y generar empleo», ha afirmado Soler.