El president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Debate del Estado de la Comunitat de Les Corts ha corroborado que la atracción de inversiones es uno de los objetivos clave de su legislatura y para ello ha anunciado que su Gobierno va a modificar la legislación vigente mediante la regulación de una nueva figura denominada de Proyectos de Inversión Económica Sostenible (PíES), que actuará «con plena seguridad jurídica, respeto al medio ambiente y con transparencia en el procedimiento». Esta figura se complementará con la Ley de impulso a la inversión que creará la Oficina de atracción de inversiones extranjeras.

«No puede haber más empleo si no ayudamos a nuestras empresas a competir de manera solvente en el mercado, y no habrá ocupación de calidad si no elevamos nuestra productividad. Esta es la realidad que hay que afrontar, sin rodeos», ha declarado Puig, quien también ha destacado la creación de la Agencia Valenciana de la Innovación y la importancia de garantizar el acceso de las empresas valencianas al crédito a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

«El IVF va a poner ya 150 millones a disposición de las pymes y empresas para financiar la modernización de la planta hotelera, a las cuales se sumarán iniciativas para mejorar el rendimiento de las explotaciones agrarias, facilitar la investigación industrial, apoyar el emprendimiento de los jóvenes y avanzar las ayudas para el sector agroalimentario» ha indicado Puig, al mismo tiempo que ha especificado que el Banco Público de la Generalitat también trabajará contra la exclusión social mediante microcréditos para parados en colaboración con el Servef, un programa para autónomos y microempresas y anticipos de subvenciones para las residencias de la tercera edad.

Sanidad y Educación

Puig ha aprovechado su intervención para convocar a toda la comunidad educativa y a los partidos políticos con el objetivo de alcanzar un acuerdo por la educación valenciana para conseguir una Ley Integral de la Educación Valenciana, durante el 

El objetivo del Consell en materia educativa es garantizar «el buen uso del dinero público» y, al mismo tiempo, impulsar la igualdad y la cohesión social. Por ello, el jefe del Consell ha anunciado que se solicitará al Banco Europeo de Inversiones que participe en la financiación del Plan de Infraestructuras educativas 2016-2019, presentado en el primer año de legislatura, para construir 124 centros y eliminar los barracones en otros 116.

Puig ha recordado que durante su discurso de investidura se comprometió a corregir «las desigualdades de origen» del sistema educativo para conseguir que todos valencianos tuvieran las mismas oportunidades para alcanzar el éxito. Con este fin, se ha impulsado al plan Xarxa Llibres, al que se han acogido 360.00 familias valencianas, la Generalitat ha destinado un 40% más de presupuestos de becas y ha creado nuevas modalidades, como la Beca Salario, única en España, y la de no abandono.

En cuanto a la situación del sistema universitario valenciano, el president ha insistido en la necesidad de continuar trabajando por un Plan de Financiación que se ajuste a las diferentes necesidades de las universidades.

Puig también ha valorado la importante labor de los profesionales docentes y ha subrayado algunas de las acciones más importantes del Consell en esta materia, como la reducción de alumnos por aula, la puesta en marcha de un proyecto experimental para escolarizar a alumnos de entre dos y tres años, el aumento de plazas de Formación Profesional, así como el fomento del plurilingüismo. «Se ha encargado un estudio a los principales expertos en pedagogía lingüística para establecer las bases de un nuevo modelo plurilingüe, un modelo que garantice el dominio real tanto del castellano, del valenciano y del inglés, además de nociones de una segunda lengua extranjera», ha apuntado.

Retorno a la gestión pública sanitaria

Asimismo, el President ha anunciado que esta semana se comunicará formalmente a Ribera Salud que no se renovará su concesión a partir de marzo de 2018. En concreto, ha señalado que durante esta legislatura se retornará a la gestión pública directa dos departamentos de salud, el departamento 13 de Denia y el departamento 11 de La Ribera por razones de «eficiencia, calidad y transparencia».

Puig ha asegurado que los departamentos de Sanidad y Hacienda ya están trabajando en la materia y que el proceso de concesión será «transparente» y garantizará la «calidad del servicio y la estabilidad del personal del departamento».

El president también ha alabado medidas como la eliminación del copago farmacéutico y ortoprotésico para pensionistas con bajo nivel de renta, y ha lamentado que medidas como ésta hayan sido llevadas a los tribunales por el Gobierno de España. Con el objetivo de fortalecer la sanidad pública valenciana, Puig también ha enfatizado la puesta en marcha del Plan de calidad, equidad y eficiencia. «En este primer año ya se han dado los primeros pasos para ahorrar costes con medidas como el nuevo concurso en hemodiálisis, la compra centralizada de medicamentos o el rescate de las resonancias privatizadas con un ahorro de 35,7 millones de euros», ha declarado al respecto.

Hipoteca financiera y reputacional

Puig ha asegurado que la incertidumbre frente a la falta de gobierno está desviando la atención los temas que realmente son importantes para los ciudadanos, como el Estado del Bienestar, la Seguridad Social o cuestiones que afectan directamente a la Comunitat Valenciana como la reforma del sistema de financiación autonómico o el Corredor Mediterráneo. Al mismo tiempo que ha asegurado que, desde hace tiempo, las Comunidades Autónomas sufren un «ataque frontal» por parte del Gobierno y las élites centralistas «que las hacen responsables del déficit público». Una «falacia que esconde que la deuda española tiene más que ver con el rescate bancario que con el déficit de las autonomías».

Ha calificado de «dramática» la herencia recibida por el anterior ejecutivo autonómico, y ha descrito las tres hipotecas a las que han tenido que hacer frente: la económica, la social y la reputacional.

En el plano económico, ha asegurado que la gestión de la anterior Generalitat «era un campo de minas» que han tenido que desactivar, como el «agujero de 1.000 millones de euros» de Feria Valencia; los 400 millones de euros de la Ciudad de la Luz; o el impago del IRPF a los empleados públicos.

En cuanto a la hipoteca reputacional, ha señalado el «azote» de cada caso de corrupción que, según él, escenifica la «deficiente gestión de las instituciones. No resulta fácil exigir una mejor financiación cuando en otros lados se esgrime que nuestro problema es consecuencia de tantos robos a la Generalitat, de tanta fanfarria y tanto despilfarro», ha declarado.

Reparación, reconstrucción y renacimiento

«El camino del cambio lo estamos recorriendo de la mano de la sociedad valenciana con tres objetivos: reparación, reconstrucción y renacimiento», ha declarado Puig. En cuanto al derecho a la vivienda, ha avanzado que se está tramitando un convenio de colaboración entre la Generalitat y el Consejo General de Poder Judicial, por el cual se habilitará a los jueces a frenar la expulsión de inquilinos o propietarios desahuciados cuando se encuentren en riesgo de exclusión social.

Asimismo ha reiterado la necesidad de una nueva televisión pública «plural e independiente, que fomente la industria audiovisual, que vertebre el territorio y que lo cohesione». Y para ello ha pedido a todos los grupos políticos de Les Corts un acuerdo «para reparar el derecho a la cultura de un pueblo, como un elemento que debe estar alejado de las discusiones partidistas», ha aseverado.

Por último, respecto a la prevención y extinción de incendios, Puig ha anunciado la modificación del Programa de desarrollo Rural, que contemplará una orden de subvenciones dirigida a los a los ayuntamientos para la elaboración de planes de prevención de incendios locales y una reorientación de las tareas de restauración y gestión forestal, con el objetivo de defender los bosques ante futuros riesgos y proteger el suelo ante la desertificación. En este sentido, también ha explicado que se va a prolongar la presencia de las brigadas forestales más allá del mes de septiembre y que se modificará la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) para «evitar la especulación con el terreno quemado».