La Universidad Internacional de Valencia (VIU) ha elaborado un informe de investigación en el que se recoge que la Comunidad Internacional asiste a una deslocalización de los procesos productivos “sin precedentes” que se traduce en la pérdida de derechos medioambientales y laborales en todo el planeta y advierte de que “fiarse” del mercado para resolver los problemas sociales o ecológicos es “un sinsentido”.

Así se recoge en el informe de investigación sobre ‘El Derecho Internacional y la UE ante la deslocalización productiva y la pérdida de los Derechos Humanos’, elaborado por la Doctora en Derecho y experta en Derechos Humanos y Responsabilidad Medioambiental, Margarita Trejon Poison, en el que se analiza los efectos de la deslocalización y sus efectos cuando el movimiento geográfico se produce fuera de las fronteras del Estado.

El trabajo sostiene que en el siglo XXI “se sitúa la competitividad internacional por encima de los derechos humanos y medioambientales” por lo que reclama medidas en materia de Derecho Internacional y Comunitario que “impongan” a todos los estados políticas de precaución y cumplimiento de los estándares sociales y medioambientales en todos los países del mundo.

Así, ha señalado que las conductas reprochables de la empresas, en el plano medioambiental o laboral, tiene una incidencia sobre su reputación y sobre “el valor de la compañía”. De esta manera, la autora sostiene que este tipo de prácticas “pueden depreciar el valor de las acciones hasta un 15%” en el mercado. 

El trabajo apunta que la deslocalización provoca la creación de puestos de trabajo en destino con una calidad relativa por tratarse de zonas industriales con ventajas especiales para atraer inversores extranjeros en los que se transforman productos importados. Actualmente, más de 43 millones de trabajadores trabajan en las Zonas Francas de Exportación (ZFE) de todo el mundo, la mayoría de ellas radicadas en China. 

A la anteriores vulneraciones, ligadas a la deslocalización productiva de las empresas hay que unir, según la experta, el fenómeno de afianzamiento del trabajo forzoso, ejecutado bajo amenaza o coacción, incluso “en los países ricos”. Tanto es así que actualmente 12,3 millones de personas padecen algún tipo de coacción laboral o realizan algún tipo de trabajo forzoso en el mundo.