El Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana, perteneciente al Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas, proclamó electas, a primeros de mayo, las únicas candidaturas presentadas a la renovación de cargos para los próximos cuatro años, tanto a la Junta de Gobierno del Colegio, como a su Comisión de Deontología. El Colegio de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana agrupa a los profesionales de la auditoría que prestan servicios en Alicante, Catellón y Valencia.

La candidatura proclamada para la Junta de Gobierno está encabezada por Rafael Nava, socio responsable de Auren en Alicante, y ocupa la vicepresidencia Juan Corberá, socio director de Deloitte en la Comunidad Valenciana. En la reciente historia del Colegio –que se constituyó en 2003–, es la primera vez que la Presidencia de la entidad la ocupa un colegiado de Alicante.

[mepr-rule id=»598″ ifallowed=»show»]

Tras su proclamación, Rafael Nava declaró: “El entorno económico en el que se desarrolla nuestra profesión en la Comunidad Valenciana, la entrada en vigor en junio de la nueva ley de auditoría y ayudar a nuestros colegiados reforzando los procesos de formación continua y actualización –particularmente en el análisis de riesgos del entorno en el que se desarrollan los negocios de las empresas que auditamos–, son algunos de los retos que tenemos a corto plazo y en los que los compañeros de la nueva Junta Directiva vamos a centrar nuestros esfuerzos”.

– ¿Cuál es el nivel de representatividad del Colegio de Censores Jurados de Cuentas en la Comunidad Valenciana respecto de los profesionales de auditoría?

Rafael Nava. De acuerdo con el último informe publicado por el ICAC en relación a la actividad profesional de auditoría en España para el año 2015, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España representa el 85 % de la facturación del sector de auditoría. Este dato, trasladado al Colegio de Censores de la Comunidad Valenciana, es algo inferior, situándose aproximadamente en el 70 % de la facturación en dicho año. Nuestro Colegio, además de contar con la presencia de 9 de las 10 primeras firmas de auditoría del ranking profesional por facturación y tamaño, cuenta con un importante número de profesionales individuales y pequeños despachos profesionales, que forman una parte muy significativa de la vida diaria del Colegio. Concretamente, contamos con 450 colegiados, de los que 290 son profesionales ejercientes, tanto por cuenta propia como por cuenta de las firmas a las que pertenecen.

No obstante, el escenario ideal de la profesión sería que existiese una sola corporación profesional, donde estuviésemos integrados todos los profesionales de la auditoría, pero lamentablemente aún no ha sido posible lograrlo. Por ello, entre los objetivos de esta Junta está el procurar la máxima colaboración y coordinación con los Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles, para lograr lo que es la principal prioridad de todos: separar de las instituciones las labores de regulación y de supervisión y conseguir, en términos de homogenización, la mejor cualificación y desarrollo de la carrera profesional de los auditores.

Reforma de la Ley de Auditoría

– Este mes de junio entra en vigor la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas en España. ¿Algún comentario al respecto?

R.N. La nueva normativa que se ha aprobado en España es mucho más exigente para con los auditores en ejercicio que la Directiva comunitaria en la que se inspira.

Desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas nos hubiese gustado que la reforma española se hubiese parecido a la que han aplicado en Francia o Portugal, donde es la profesión, a través de sus órganos corporativos, la que realiza las tareas de supervisión del ejercicio profesional, pero no ha sido posible, aduciendo que no existe una corporación única que represente a los profesionales en España. Sigue siendo el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, quien realiza las funciones regulatorias y de supervisión profesional.

Al margen de esto y respecto a la entrada en vigor de la nueva norma, nos preocupa que va a complicar significativamente el ejercicio profesional de los profesionales individuales y los pequeños despachos, pues se aplican restricciones importantes para el ejercicio profesional, como la limitación a la concentración de honorarios impuesta por la nueva ley. Por este motivo, tanto desde el Instituto como desde el Colegio de la Comunidad Valenciana, estamos incentivando y facilitando los movimientos de concentración y alianzas profesionales entre pequeños despachos o auditores individuales, que les permitan competir y cumplir con los nuevos requerimientos legales.

– La reforma de la Ley de Auditoría también afecta a las firmas grandes y medianas, por la obligación de rotación de auditor cada diez años.

R.N. Cierto, pero esa es una obligación, independientemente del tamaño de la firma, que afecta a los profesionales que auditen Entidades de Interés Público, entidades supervisadas por la CNMV, el Banco de España o la Dirección General de Seguros, o empresas que facturen más de 2.000 millones de euros, y de estas, que tengan su sede social en esta Comunitat, tan solo hay dos.

A las firmas de auditoría de tamaño grande y mediano, el mayor impacto de la reforma puede venir por el régimen severísimo de incompatibilidades que establece la norma para aquella firma que asuma la función auditora de una empresa; prácticamente no se le puede prestar servicio ni facturar por ningún otro concepto, cuando resulta que, en el propio modelo de negocio de las firmas de servicios profesionales, está el carácter multidisciplinar de los servicios que prestan.

Poner en valor al profesional

– Además de ayudar a la profesión en el proceso de entrada en vigor de la reforma de la Ley de Auditoría, ¿qué otros objetivos se fija la nueva Junta de Gobierno?

Juan Corberá. Nuestro objetivo básico como Colegio es poner en valor ante la sociedad la figura del auditor y eso pasa por tener un programa formativo de primer nivel, para que los profesionales de auditoría en esta Comunitat estén cualificados y capacitados para el ejercicio de la profesión.

Los auditores aportamos un valor adicional en nuestro trabajo cuando tenemos un conocimiento profundo de los retos de las empresas, y eso es una característica diferencial de nuestra profesión. Por ejemplo, completando la información y comprensión de los profesionales de los departamentos financieros y de control de las empresas, sobre los problemas planteados en la compañías, pues con el cambio constante de la normativa contable, o se es un experto en la materia, es muy difícil estar el día.

Las firmas de auditoría llevamos muchos años concienciando a las pymes de esta Comunitat sobre las mejores prácticas en materia de gestión contable, control interno, gobierno corporativo, etc. Además, las firmas de auditoría son especialmente activas en la creación de empleo. Concretamente, en España las auditoras creamos al año 4.000 nuevos empleos estables y bien retribuidos, y muchos de esos profesionales, a los dos o tres años de ejercicio en la firma, se incorporan a las empresas con todo el know how acumulado.

– Pero la opinión pública sigue sin tener claro qué hace y para qué sirve un auditor.

J.C. Efectivamente, no se ha hecho una correcta labor pedagógica y divulgativa de qué es y cuáles son las funciones de un auditor y esto ha generado muchos problemas. Los auditores no somos inspectores de Hacienda o de Policía. Somos unos profesionales que aplicamos unas técnicas perfectamente definidas, para determinar si las Cuentas Anuales reflejan fielmente la situación patrimonial y financiera de una compañía. Eso y no otra cosa es una auditoría, y su objetivo es dar confianza al mercado. Nada más.

[/mepr-rule]
[mepr-rule id=»598″ ifallowed=»hide»]

[/mepr-rule]