Las universidades piden evaluar resultados antes de avanzar en un nuevo modelo en la oferta de grado

Las universidades piden evaluar resultados antes de avanzar en un nuevo modelo en la oferta de grado

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Las universidades reclaman una estabilidad normativa basada en un gran pacto social por la educación que garantice el acceso a la misma de todos los estamentos sociales. Advierten además que una excesiva fragmentación de las titulaciones puede ocasionar confusión tanto en el alumnado como entre los propios empleadores, que ya no saben a qué titulación corresponde el trabajo profesional demandado.

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El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que se estableció a raíz de la declaración de Bolonia (1999) y que está plenamente implantado en nuestro país desde 2010, nació, entre otros objetivos, con el fin de promover la movilidad de estudiantes, graduados, profesores e investigadores en todo el ámbito europeo y responder mejor a las demandas sociales y laborales de Europa, al tiempo que buscaba ser competitivo con respecto a otros sistemas como el de EE. UU. y Japón. Para lograr esos objetivos se estableció una estructura de estudios común al EEES en tres ciclos, grado o bachelor (nivel general), máster (nivel de especialización) y doctorado. Distintos acuerdos fijaron la duración del título de grado en 180 o 240 ECTS (3 o 4 cursos) y la de los másteres en 60 o 120 ECTS (uno o dos cursos), con la excepción de algunos títulos sujetos a directivas europeas. Los países participantes en este proceso pudieron elegir su duración, siendo tan legítima una opción como la otra. España se decantó por la vía del 4+1.

Victoria Gómez

Victoria Gómez

Pero lo cierto es que la aprobación del Real Decreto 43/2015, del 2 de febrero, por el que el Gobierno autoriza a las universidades a pasar del modelo actual (4+1) al conocido como 3+2 ha reabierto el debate. “La comunidad universitaria en general no lo ha valorado positivamente por diferentes razones. Una de ellas, la más evidente desde mi punto de vista, es que resulta prematuro plantear un cambio de modelo sin haber tenido la oportunidad de evaluar los resultados de la implantación del modelo actual. Hay que tener en cuenta que, mayoritariamente, la primera promoción de egresados finalizó el curso pasado, y además la mayoría de las titulaciones están el proceso de reacreditación”, explica Victoria Gómez, directora de Florida Universitària. Por esta razón las universidades españolas, a través de la Conferencia de Rectores (Crue), que aglutina a 50 universidades públicas y 26 privadas, han llegado a un acuerdo de moratoria, que permita hacer un análisis adecuado de los resultados del modelo actual y valorar la idoneidad de implantar el modelo 3+2 según las titulaciones.

De este modo, el calendario previsto por la Crue, que no tiene capacidad normativa, supone que las universidades empiecen a pedir acreditaciones para nuevas titulaciones de tres años en 2016 y a ofertarlas en 2017-2018. “La reforma no puede ser general sino particularizada en cada ámbito de estudio y debe llevarse a cabo de manera coordinada entre todas las universidades con titulaciones en una misma materia”, entiende Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I.

Vicent Climent

Vicent Climent

Miguel Ángel Fernández, vicerrector de Estudios de la Universitat Politècnica de València (UPV) critica que desde el año 2005 hasta la fecha hayan habido seis reales decretos vinculados con los estudios de grado, máster y doctorado, “con regulaciones de tanto calado como la que planteaba empezar la casa por el tejado (poniendo en marcha los másteres antes que los grados), que “juntaron” el máster con el doctorado (para después volver a separarlo) que definieron primero un catálogo de títulos (para después abandonar la idea y pasar a un sistema abierto de registro) y que, finalmente y antes de poder analizar el resultado de los grados de 4 años, proyectan volver a “desregular” el sistema permitiendo grados de 3 o 4 cursos, a discreción”, resume.

Levantar recelos

Una de las cuestiones más criticadas de este modelo es el encarecimiento de los estudios universitarios, si se mantiene como en la actualidad, que el coste del ECT del máster duplique al del grado, y no se desarrolla una política de becas adecuada. 

Victoria Gómez considera que con el nuevo modelo se verán perjudicados aquellos alumnos con menores recursos económicos, puesto que para obtener un grado y una especialización equivalente al modelo actual (4+1), “tendrán que asumir un coste mayor debido a que el precio de los másteres es muy superior al de los grados. Para evitar esta situación debería desarrollarse una política de becas que permita que todos los estudiantes realicen sus estudios sin verse excluidos por temas económicos”, propone.

Francisco Mora

Francisco Mora

Lo subraya con rotundiad José Antonio Pérez, gerente de la UPV: “con la estructura de precios actual, el nuevo sistema perjudica la igualdad de oportunidades de los estudiantes con niveles de rentas bajo y medio y limita la continuidad de los estudios de máster a aquellos con mayor poder adquisitivo”.

3+2 en beneficio de la movilidad

No obstante, la directora de Florida explica que mayoritariamente en Europa los grados son de tres años, “lo cual dificulta que seamos atractivos a la hora de captar alumnado extranjero y obstaculiza el desarrollo de programas conjuntos de doble titulación al no ser comparables los créditos totales que el alumnado debe realizar para obtener el grado”.

Lo recalca también José Manuel Pagán, vicerrector de Ordenación académica y Empleabilidad de la Universidad Católica de Valencia (UCV) San Vicente Mártir: “La existencia de grados de 180 ECTS nos acerca a buena parte de los países europeos y, en ese sentido facilita, entre otros aspectos, tanto la movilidad internacional de los estudiantes, como la posible oferta de dobles titulaciones internacionales, y eso es bueno, porque además de fortalecer las relaciones institucionales, mejora la formación, los resultados y las posibilidades futuras de los estudiantes”.

José Manuel Pagán

José Manuel Pagán

 

También para Vicente Fuerte, director del Área de Grado de Esic Valencia, “lo primero que hay que preguntarse es cómo queremos posicionarnos ante Europa, porque lo cierto es que, un sistema rígido con grados de cuatro años, solo lo mantienen Turquía, Grecia, Armenia, Ucrania, Kazajistán, Chipre o Georgia. Lo razonable y recomendable es que nuestro sistema educativo sea reconocible en los países con los que nos queremos comparar. España necesita profesionales bien formados y que salgan preparados en igualdad de condiciones que el resto de los europeos. Esto parte de que los títulos sean comparables en los Estados miembros”, añade.

Para el vicerrector de la UCV, “el riesgo” del planteamiento 3+2 es que el alumno finalice su formación a los tres años   –solo con la formación generalista– y desista de los dos años de especialización. “Esta especialización, salvo que estemos ante una profesión regulada que exige la realización de un máster para ejercer la profesión, es opcional y, lo que no debe plantear dudas es que pasar de cuatro a tres años de formación es perjudicial”. Asimismo Pagán advierte de “un error” como es “pensar que las titulaciones relacionadas con la persona, su cuidado o educación, se planteen con facilidad como susceptibles de ‘acortarse’, sin valorar convenientemente las consecuencias de ello”.

Lucía Egea

Lucía Egea

Desde el Centro Universitario Edem Escuela de Empresarios, su directora, Lucía Egea recoge, citando el posicionamiento de la Crue, “la preocupación en la comunidad universitaria de que la medida genere ‘nuevas disfunciones’ en el sistema, al introducir la posibilidad de que un mismo título tenga diferente duración y carga lectiva en dos universidades del mismo país”. “Ya que cada universidad, dentro de su autonomía, podrá solicitar la implantación de grados de tres años”, recuerda Enrique Fernández del Río, rector de la Universidad Europea de Valencia (UEV). Por su parte, José Manuel Amiguet, secretario general de la Universidad CEU Cardenal Herrera admite que seguirán existiendo diferencias en las atribuciones profesionales de los títulos, aunque recuerda que “las carreras reguladas (arquitectura, parte de las ingenierías y otras de ciencias de la salud) no se verán afectadas por la reforma, que, en cualquier caso, no consideramos oportuna, cuando todavía se están evaluando los actuales planes”.

Miguel Ángel Safont

Miguel Ángel Safont

Para Miguel Ángel Safont, coordinador de profesorado en la VIU, si partimos del hecho de que una formación superior completa requerirá un mínimo de cinco años, “mientras estén bien estructurados los títulos, será más importante la coherencia de la oferta y los itinerarios que se propongan que la duración de cada fase”.

Para Safont las dos opciones tienen sus ventajas e inconvenientes pero cree que, independientemente del modelo elegido, se tiene que trabajar por ofrecer titulaciones de calidad que permitan que nuestros egresados afronten su incorporación al mercado laboral con la mejor formación posible. “No tenemos que perder de vista que la universidad tiene una misión y una responsabilidad con la sociedad y debe ser capaz de formar personas que contribuyan al avance de la misma, con lo que, el modelo no importa tanto sino la formación que reciban y cómo puedan aplicarla a la realidad”, expone.

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Isabel Vázquez

Isabel Vázquez, vicerrectora de Estudios y Política Lingüística de la Universitat de València (UV) agrega al respecto, “la mayor preocupación de las universidades debe ser la defensa de la calidad de la oferta académica y la empleabilidad de nuestros egresados, pero es necesario trabajar desde la evaluación de la implantación de las titulaciones actuales, el análisis de los resultados y la reflexión sobre las consecuencias de los posibles cambios, evitando precipitaciones que generen confusión y una pérdida de cohesión del sistema universitario”.

Todos coinciden en buscar el consenso, incluso “consultar con el mundo profesional sobre la conveniencia de introducir estos cambios”, propone el rector de la Universidad Europea. Y todo, con el objeto de “que no se genere caos y confusión social en la oferta universitaria”, apunta Gómez desde Florida.

Según Gómez, tanto las universidades públicas como las privadas, tendrán que hacer un importante esfuerzo de adaptación y rediseño de su oferta académica, atendiendo a las necesidades y tendencias del mercado laboral. “Esto implicará ajustar también al personal docente e investigador para adecuarlo al nuevo modelo. Quizás las universidades privadas puedan realizar esta adaptación en un tiempo más reducido”, considera.

Enrique Fernández

Enrique Fernández

Para el vicerrector de la Católica el nuevo modelo, “como siempre que se produce un cambio, beneficiará a aquellas universidades, públicas o privadas, que vean en el mismo una oportunidad para mejorar, así como al alumno que aproveche el grado para ir descubriendo a qué área concreta quiere dedicarse y continúe su formación especializándose en ella”. Asimismo, indica Pagán que sería deseable incrementar la partida presupuestaria destinada a sufragar, en todo o en parte estos estudios, atendiendo al nivel de ingresos y al aprovechamiento del estudiante, “con independencia de que estos los curse en una universidad pública o privada, ya que las dos se someten a idénticos criterios de calidad en sus títulos (verificación, seguimiento y renovación de la acreditación)”. Asimismo Pagán advierte que una excesiva fragmentación de los títulos puede ocasionar confusión a la hora de elegir una opción tanto en el alumnado como entre los propios empleadores “que ya no saben qué titulación se corresponde con el trabajo profesional demandado”.

Mapa de titulaciones

Otra de las cuestiones que genera debate en torno al sistema universitario se refiere a la coordinación del mapa de titulaciones, “esta debe llevarse a cabo por parte de la Conselleria y desde las universidades públicas hemos reivindicado en numerosas ocasiones un rediseño de la oferta para evitar precisamente duplicidades. Desde la CRUPV entendemos que el mapa de titulaciones valenciano ha de evitar competencias inútiles y buscar un equilibrio en la oferta donde las universidades públicas, como garantes de un acceso universal a la formación superior, puedan desarrollar su labor”, expone el rector de la UJI.

Vicente Fuerte

Vicente Fuerte

Desde la Universitat de València aseguran que tras la adaptación a Bolonia han sido “muy cautos y responsables” a la hora de proponer nuevas titulaciones de grado, y además han tratado de “aprovechar sinergias y complementariedades en un, necesario, marco de cooperación interuniversitaria”.

Edem, que recalca su vocación de “hacer las cosas de forma diferente” apuesta por no ofrecer “titulaciones duplicadas, sino complementarias. Y en el caso de los grados, hemos diseñado los planes de estudios con unos claros elementos diferenciales a través de comisiones mixtas, tanto con la UV como con la UPV”.

‘PAU vs procedimientos propios’

Otro foco de debate reside en el cambio de criterios sobre el acceso a la universidad. Para la vicerrectora de la UV, el reto está en cómo se puede y debe garantizar que los estudiantes accedan a la universidad con los conocimientos y las capacidades adecuadas para superar con éxito una titulación. En este sentido, aboga por “una conexión e interrelación entre los sistemas educativos que garantice que el estudiante que llega a la universidad tiene el nivel adecuado y que la universidad conoce y ajusta su nivel a los estudiantes que recibe. Las actuales pruebas de acceso a la universidad (PAU) contribuyen a este objetivo, a la vez que, mediante la fase general, garantizan una mayor homogeneidad de las notas y, mediante la específica, la adecuación del perfil académico de cada estudiante a cada titulación. Cualquier nueva fórmula en este sentido debe garantizar estos aspectos, por lo que las universidades públicas valencianas estamos trabajando en establecer un modelo de acceso homogéneo en nuestra Comunidad”.

“Reivindicamos unas pruebas universales que garanticen la igualdad, para que el alumno capacitado pueda formarse independientemente de sus recursos”, añade el rector de la UJI.

Para Fernández, vicerrector de la UPV, las pruebas de acceso a la universidad “deberían estar supeditadas al modelo formativo que se desee y no al revés”, y apuesta por preocuparse no solo por el saber, “sino también por el saber hacer y el saber ser”.

José Manuel Amiguet

José Manuel Amiguet

Desde el CEU, Amiguet considera que cada universidad debe establecer el tipo de prueba específica que se ajusta al perfil de su titulación. “Estoy firmemente convencido de que lo que importa en la evaluación de la calidad de la formación universitaria no es tanto el input como el output, es decir, el perfil con el que sale el alumno. Juzgar la capacidad de trabajo y enriquecimiento personal de una persona con 17 años me parece muy prematuro. Lo que debería hacerse más riguroso, en todo caso, es el proceso de acompañamiento al alumno, y es que educar a una persona no es tanto hacer que aprenda más como convertirla en otra persona”.

Desde Florida recomiendan orientar al alumnado “adecuadamente” y “establecer pasarelas que permitan conectar el sistema universitario y de formación profesional”. Florida, que es además un centro de formación profesional desde hace 30 años, confirma que actualmente, gracias a la reciente implantación del modelo dual de FP y a una oferta atractiva y actualizada de títulos, ha crecido considerablemente el número de estudiantes que se decantan por ella. “Conectar ambos sistemas es positivo, y nuestra experiencia así lo corrobora, ya que un elevado porcentaje de estudiantes de ciclos formativos continúa sus estudios universitarios”.

La directora de Edem explica cómo el centro universitario cuenta con su propio sistema de admisión en sus grados, el cual incluye la nota PAU, pero también un proceso de admisión en el que determinar no solo aptitudes sino también las actitudes de los candidatos y el potencial de desarrollarlas durante el grado.

Por su parte, el rector de la Universidad Europea de Valencia aboga por ser “excelentes” en el período en el que los estudiantes están formándose, “motivarles en su proceso de aprendizaje, para desarrollar todo su potencial y prepararles para su incorporación a un mercado global y marcadamente competitivo”. Y eso requiere, a su juicio, “cuanto menos, de dinámicas activas en el aula, mentorización, inmersión profesional, internacionalización y la utilización de canales de comunicación propios del s. XXI. O lo que es lo mismo, profesores apasionados por su función docente y continuamente formados en modelos pedagógicos innovadores. Modelos que se vayan adaptando a una realidad cambiante y a jóvenes cuyos valores y relaciones interpersonales han cambiado”.

Edem también ha identificado dos retos: las NNTT y las nuevas formas de aprender. “Hay que entender que los jóvenes han cambiado radicalmente, ya que aprenden de forma diferente. La enseñanza tradicional centrada en la memorización ya no es válida. Internet te ofrece en milésimas de segundo todo tipo de información. Los conocimientos son un componente más al que hay que sumar la creatividad, los valores, la capacidad de desarrollar ideas y las habilidades. Y aquí tiene una gran importancia la metodología ‘learning by doing’ (aprender haciendo) que aplicamos en nuestros grados”, explica Lucía Egea.

En definitiva, las universidades, como actores indispensables para el desarrollo económico y social de un país, defienden la importancia de alcanzar la estabilidad normativa basada en un gran pacto social por la educación.

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