La Fundación BBVA y el Ivie presentan el estudio «Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades», dirigido por Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Investigación del Ivie, y realizado en colaboración con Vicent Cucarella y Laura Hernández. En él se analiza la evolución del gasto en los servicios públicos fundamentales (educación, salud y protección social) en España y sus comunidades autónomas desde 2002 a 2013 con la finalidad de aportar datos objetivos al debate y la toma de decisiones.

Entre sus principales conclusiones destaca que la diversidad en el gasto público por habitante en educación, sanidad y protección social entre territorios españoles es tan amplia que en 2013 las diferencias se aproximan al 60%. Tras los ajustes que se han producido después de 2009, algunas comunidades autónomas con mayor abundancia de recursos financieros como el País Vasco, Asturias y Navarra realizaban en 2013 un gasto superior al que alcanzaban otras comunidades antes de iniciar sus reducciones de gasto.

“Las principales diferencias de gasto en servicios públicos fundamentales no son un resultado de la descentralización, pues ya existían antes debido a que el Estado no desplegaba de forma homogénea sus servicios en todos los territorios. No obstante, la permanencia de las disparidades es una causa de la inestabilidad del estado autonómico”, indica el estudio.

Las que cuentan con más financiación, las forales, superan en más del 40-50% a las peor financiadas como Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia. Esa diversidad de ingresos es decisiva para explicar la distinta capacidad de gasto: las comunidades con mayores recursos gastan más y ofrecen mejores servicios públicos. “No corregir esas diferencias de gasto entre las comunidades constituye un riesgo para la igualdad en las oportunidades de acceso a servicios que son fundamentales de los ciudadanos que viven en distintos territorios”, advierten los autores del estudio.

“Las diferencias de gasto público en educación, sanidad y protección social en las distintas regiones cuestionan el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en España, que debería garantizar el acceso a los servicios públicos con independencia del lugar de residencia”, advierten los autores. Buena parte de ese incumplimiento tiene su origen en una desigual financiación de los gobiernos autonómicos, contrastada pero no corregida.

Diferencias sustanciales de gasto entre comunidades autónomas

Las diferencias de gasto por habitante en servicios públicos fundamentales que realizan el conjunto de las Administraciones Públicas en 2013 en cada una de las comunidades autónomas desde los 5.253 euros por habitante en Canarias hasta los 8.532 euros del Principado de Asturias. Aún es más marcada la distancia en el porcentaje del PIB regional dedicado a estos servicios en cada territorio, que oscila entre el 19% de la Comunidad de Madrid y el 43% de Asturias.

En educación -una competencia en manos fundamentalmente de las comunidades autónomas- existen diferencias en el gasto por habitante de hasta 55 puntos porcentuales. Pese a la caída en el gasto educativo durante la crisis, en casi todos los territorios se mantiene el esfuerzo en este servicio medido en porcentaje sobre el PIB cuando se compara 2013 con 2007. En Extremadura y Andalucía es donde más porcentaje del PIB se dedica a educación (6,5% y 5,7%, respectivamente), siendo los porcentajes menores los de la Comunidad de Madrid y Cataluña (2,6% y 3,4%, respectivamente). En 2013 y en términos por habitante, es en el País Vasco y Navarra donde mayor gasto se realiza en educación (1.224 y 1.107 euros per cápita, respectivamente), mientras que en Madrid es donde el gasto público es menor (791 euros per cápita).

El gasto sanitario -también responsabilidad de las comunidades autónomas- ha sufrido asimismo importantes ajustes. En casi todas las comunidades autónomas se ha reducido el gasto real por habitante, situándose en promedio en 2013 a niveles de 2004 (1.357 euros per cápita). Antes y después de los ajustes el gasto por habitante en salud presenta diferencias sustanciales entre territorios, superiores a 30 puntos porcentuales. Implican que, por ejemplo, en el País Vasco se gastara en 2013 un 37% más que en Andalucía. Pese a los ajustes de los años de crisis, el esfuerzo financiero para sostener el gasto sanitario del sector público, medido como proporción del PIB, se ha mantenido (6% en 2013).

El gasto en protección social -gestionado en su mayoría por la Administración Central y la Seguridad Social, y ligado en buena medida a los derechos individuales generados por cada trabajador- aumentó con fuerza en los primeros años de la crisis como consecuencia del seguro de desempleo, el pago de pensiones y las jubilaciones anticipadas. A partir de 2009 este gasto se ha mantenido constante en términos reales per cápita.

En porcentaje de PIB ha crecido en todos los territorios desde 2007, superando en 2013 el 17% del PIB de media. En algunas comunidades, como Asturias y el País Vasco, el gasto por habitante en protección social en 2013 casi dobla el de las situadas en los niveles más bajos, como Canarias (5.751 y 5.516 euros per cápita respectivamente en las primeras, frente a 3.074 en la última).

Ese año, el gasto per cápita en protección social de Asturias y el País Vasco superaba en un 45% y 39% respectivamente la media. Estos ejemplos indican que, aunque se gasta más por habitante en algunos servicios de protección social en los territorios con menores niveles de renta, mayores tasas de paro o una población más envejecida, existe mucha casuística regional.

Recomendaciones

A pesar de las serias dificultades de estos años, los servicios públicos fundamentales ofrecen en España niveles de cobertura elevados, señala el estudio, pero se enfrentan a tres tipos de problemas: están sometidos a tensiones derivadas de los ajustes de gasto llevados a cabo por las Administraciones Públicas; presentan importantes problemas en la eficiencia y la equidad de su diseño y ejecución; y se enfrentarán a problemas de sostenibilidad financiera adicionales como consecuencia de las tendencias crecientes a largo plazo del gasto en pensiones y en cuidados de larga duración.

El estudio señala que la mejora de las políticas de servicios públicos fundamentales en España reclama que se aborden cuatro cuestiones de la mayor relevancia:

– La sostenibilidad de estos servicios requiere horizontes financieros de medio y largo plazo, definidos con criterios de prudencia y acompañados de fondos de previsión dotados en los años de bonanza, para asegurar el cumplimiento de los compromisos.

– Promover la lealtad institucional para que el conjunto de las Administraciones Públicas compartan la prioridad de estas políticas al dotarlas de los fondos correspondientes, con independencia de las administraciones que las gestionen. Para ello España debe abordar cuanto antes un debate sobre qué nivel de gasto en servicios públicos fundamentales resulta sostenible, teniendo presente que se parte de un alto déficit público y de un endeudamiento público muy elevado.

– Revisar las elevadas diferencias territoriales de gasto que cuestionan las políticas de igualdad de oportunidades.

– Adecuar los sistemas de financiación autonómica a los compromisos constitucionales de equidad interterritorial.